Recurso de nulidad de laudo arbitral.

Por: Jaritza Orozco López

Tradicionalmente, los conflictos que surgen a lo largo de la dinámica social y/o empresarial se han resuelto mediante la vía judicial, sin embargo, cada vez es más frecuente que estos se resuelvan por Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARCS) en cualesquiera de sus vertientes sea negociación, mediación, conciliación, y arbitraje. Este último ha tomado relevancia dado que es un mecanismo que surge de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan a un tercero imparcial para que resuelva la controversia.

La relevancia del arbitraje también se debe a su celeridad y flexibilidad en el procedimiento pues cuenta con una serie de principios que le dan ventaja frente a los procesos judiciales, ejemplo de ello es la confidencialidad, la privacidad, la informalidad, la flexibilidad, entre otros, que permiten que las partes sean quienes dicten el procedimiento del arbitraje.

Generalmente el proceso arbitral finaliza con un laudo arbitral, a excepción de los casos de desistimiento o transacción, que tiene la fuerza de una sentencia definitiva y cuya ejecución se realiza en la misma forma que las sentencias judiciales nacionales o extranjeras. Sin embargo, contra los laudos arbitrales no existen recursos posteriores que pretendan la modificación de su resolución, únicamente existe el recurso de nulidad que se ventila en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y tiene como objetivo garantizar una tutela judicial efectiva.

El recurso de nulidad se considera como un recurso extraordinario, lo que significa que la ley establece los motivos y causales por los cuales puede solicitarse (artículo 61 de la Ley 540); estas causales se limitan al estudio de las formalidades y procedimiento del proceso arbitral, mas no a un estudio de fondo. No obstante, no todo incumplimiento en el proceso arbitral es susceptible a recurso de nulidad, en tanto las partes tienen la obligación de impugnar todo incumplimiento o inobservancia del proceso durante la ejecución del mismo, de no hacerlo se entenderá que ha existido una renuncia al derecho de impugnación, y en consecuencia las causales de nulidad se verán limitadas a circunstancias que se impugnaron durante el proceso o a circunstancias que no fueron de posible impugnación en la ejecución del proceso.

Estas causales de nulidad siguen un criterio homogenizado en diversas legislaciones teniendo como base la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, y han sido clasificadas en dos grandes grupos, las impulsadas por las partes que atienden a un elemento probatorio (numeral 1 del artículo 61 de la ley 540);  y las revisables de oficio, que se basan en la naturaleza del orden público, por lo que primará la argumentación jurídica y la demostración de los hechos con la ley pues se tratan de situaciones que conllevan violaciones al orden público y al debido proceso (numeral 2 del artículo 61 ley 540).

En resumen, el laudo arbitral marca el final de un proceso de arbitraje y su ejecución es equiparable a la de una sentencia judicial. Aunque no admite recursos posteriores para su modificación, el recurso de nulidad está disponible en circunstancias específicas y se limita a cuestiones formales del proceso. Es esencial que las partes impugnen cualquier irregularidad durante la ejecución del proceso para evitar limitar las causas de nulidad.